Fuente: El Mercurio
La autoimposición de las grandes empresas de medidas para reducir los tiempos de pago a los proveedores brindaría la oportunidad de demostrar su compromiso con una economía libre.
Las críticas vertidas a la cuestionable práctica de dilatar los pagos a los proveedores -por parte de las empresas- se han visto claramente respaldadas por las cifras de la última versión del Ranking de Pagadores de la Bolsa de Productos y la Asociación de Emprendedores (abril-junio 2017).
Según el estudio, las grandes empresas de nuestro país pagan a sus proveedores de tamaño pequeño y mediano en un plazo promedio no inferior a 56 días. La alta cifra representa un aumento de casi 11 días respecto de los resultados de igual período en el año anterior y es solo inferior a los niveles registrados durante el 2013.
No hay razones claras para explicar este aumento del plazo y el fenómeno puede ser una manifestación de falencias por parte de las grandes empresas en la relación con sus clientes, incluyendo entre ellos a las entidades que los proveen de los insumos que hacen posible la operación del negocio. Sería otra cara de la crítica ciudadana, por ejemplo, a la mala calidad de servicio de algunas grandes compañías de servicios masivos.
Es revelador observar que el Estado no tiene en esta materia un mejor comportamiento pagador. De hecho, el 73% de los reclamos pendientes actualmente en ChileCompra corresponden a atrasos o problemas con pagos del Estado que debieron haber sido realizados en plazos no mayores a 30 días.
Diferir el pago por un producto entregado no solo es un acto de conveniencia ejercido por quien posee el mayor poder de negociación -puede ser interpretado como un crédito a tasa cero-, sino además afecta directamente la salud financiera y posibilidades de crecimiento de pequeñas y medianas empresas, grandes generadores de empleo. De ahí la importancia para ellas de buscar alternativas para aliviar el peso de la situación.
Con todo, las soluciones no son perfectas. Por de pronto, el crecimiento de la industria de factoring financiero, sector que ofrece servicios de cobranza futura de facturas, ha permitido a las pymes solventar el desajuste de pagos, pero a cambio de un descuento sobre el monto. Asegurar la competencia en dicho mercado es crucial. Por otra parte, no son pocas las voces que plantean como solución una ley que fuerce un pago en 30 días. La evidencia sugiere que esta es una mala idea. La instauración de restricciones legales que impiden diferir los pagos tiene efectos negativos sobre los proveedores, reduciendo sus ventas e incentivando a las grandes empresas a reemplazarlos. Y el sello propyme del Ministerio de Economía certifica el pago efectivo de las facturas de grandes empresas a sus proveedores de menor tamaño en 30 días o menos, pero el número de sellos otorgados es muy acotado.
En momentos en que el país requiere con urgencia iniciativas que mejoren la gestión y la productividad, esfuerzos privados adicionales en este ámbito son fundamentales. Esto también debe ser un tema de interés para el renovado liderazgo de los gremios. Todo además facilitado por la utilización de las facturas electrónicas. Así, la autoimposición de acciones efectivas conducentes a reducir los tiempos de pago a los proveedores no solo brindaría la oportunidad de demostrar el inmenso potencial de las grandes empresas de mejorar la gestión, siendo por de pronto un ejemplo para el Estado, sino para demostrar su compromiso con una economía de libre mercado, en donde cada participante contribuye al aseguramiento de las competencias a todo nivel.
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