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Fuente: Pulso
Por: Juan Pablo Swett

La propuesta debería apuntar a establecer mayor simetría en las relaciones comerciales entre las empresas grandes y de menor tamaño, incorporando medidas prácticas que no sean eludibles.

El abuso viene hace años: grandes empresas dilatando el pago de facturas a las pymes, sabiendo que estas últimas no tienen las espaldas financieras para afrontar sus costos de operación cada mes si sus clientes no les pagan a tiempo. El último informe de la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECh) junto con la Bolsa de Productos reveló que los plazos de pago se han extendido; es decir, para los emprendedores y mipymes la cancha se pone cada vez más dispareja.
Desde hace un año se discute en el Congreso un proyecto de ley para fijar un plazo máximo de pago de 60 días, a excepción de los alimentos frescos y perecederos, en que se establecen 30 días a partir de fecha de entrega. En caso de incumplir la norma, se cobrará el interés máximo convencional a partir del día siguiente a las empresas que no cumplan.
Hasta ahí todo bien, sin embargo, este proyecto tiene un gran “pero”. En la práctica será muy difícil que un proveedor pequeño esté dispuesto a entorpecer las relaciones con su cliente al dejarlo en evidencia por no pago de una factura, pues con ello arriesgaría romper su vínculo comercial y podría hipotecar su crecimiento como pyme.
Desde el mundo empresarial, el llamado ha sido a la autorregulación y buena fe de los sectores para pagar a tiempo las facturas, fomentando una cultura de mayor respeto hacia la pequeña y mediana empresa. Esta visión es positiva, pero en la práctica ha fracasado, como los resultados del sello propyme. Aunque a muchos no les guste, en Chile aún no tenemos una cultura empresarial moderna y colaborativa para operar desde esa lógica.
¿Qué hacer entonces? La propuesta debería apuntar a establecer mayor simetría en las relaciones comerciales entre las empresas grandes y de menor tamaño, incorporando medidas prácticas que no sean eludibles por el proveedor ni por el pagador.
Una solución en esa dirección, por ejemplo, es que la empresa compradora (grande) no pueda usar el IVA a crédito hasta que pague la factura, generando una obligación e incentivo a pagar el producto o servicio que compró. La digitalización con el sistema de facturación electrónica aparece como una forma de control al uso del IVA a crédito, ya que los cruces de información son automáticos y se podría exigir la actualización de la información de pagos y no pagos de los documentos en forma mensual.
Con las pymes y emprendedores en boca de todos los candidatos, junto a promesas de un nuevo cambio a la Reforma Tributaria, esta medida se hace muy necesaria y es un paso concreto para solucionar un problema que se arrastra por años y que limita el desarrollo y crecimiento de las empresas de menor tamaño (EMT). Esperamos que los comandos consideren este beneficio para las pymes y se comprometan con los emprendedores de Chile.
*El autor es economista y presidente Multigremial Nacional