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Fuente: El Mercurio
Con más de 7.000 pymes afectadas por los saqueos y destrozos derivados de la crisis social y política que vive el país, el Ministerio de Economía decidió adelantar los plazos de pago de las facturas de las pequeñas y medianas empresas. El objetivo original de la Ley de Pago a 30 días es promover una relación más simétrica entre las empresas en materia de pago una vez que realizan la venta de sus productos o la prestación de sus servicios a otra, regulando el cumplimiento de los plazos certeros, garantizando el derecho a la aplicación de intereses por mora y el derecho a indemnización y, por último, calificando como cláusula abusiva a cualquier acuerdo que vulnere los derechos contenidos en esta normativa.
La entrada en vigencia de la ley será 90 días después de la aprobación del proyecto. Sin embargo, se está impulsando una campaña para que el Estado y las grandes empresas puedan pagar de forma anticipada o inmediata las facturas a las pymes durante el período de emergencia. Actualmente, el sector privado cuenta con un plazo máximo de pago de 60 días corridos, pudiendo ser mayor si hay acuerdo entre las partes. En el sector público, el plazo máximo de pago es de 30 días, pero también puede establecerse un plazo de 60 días corridos en la base de la licitación. Para municipalidades, servicios de salud y Cenabast, la nueva normativa se aplicará desde 2021.
De acuerdo al ministerio, la ley es de aplicación general, que no distingue por tamaño o tipo de empresa, ni tampoco por sector, aplicándose a todas las empresas que emiten facturas dentro del territorio nacional.
En caso de que haya retraso en el pago, además de los intereses corrientes, se establece el pago de una comisión fija por recuperación de pagos, equivalente al 1% del saldo insoluto adeudado. La deuda morosa a proveedores es considerada deuda financiera en los estados financieros de las entidades fiscalizadas.
Por último, la guía de despacho, a implementarse a partir de un año de publicada la ley en el Diario Oficial, será electrónica, con el fin de evitar el bicicleteo de facturas.