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Columna de Christopher Bosler
Hace más de diez años, cuando los distintos gobiernos promovieron la introducción de la factura electrónica para las operaciones comerciales, el factor central era mejorar el nivel de trazabilidad impositiva y mejorar así la recaudación.
Sin embargo, al poco andar, tanto grandes empresas como entidades financieras comenzaron a encontrar otras fuentes de valor en este cambio tecnológico, destacando en esta dirección el aumento en la seguridad y una mayor eficiencia en el control de los pagos.
El tiempo ha pasado y la masificación de la facturación electrónica ha implicado varios cambios en la manera en que los proveedores y clientes interactúan. Por un lado, ha facilitado el intercambio de archivos comerciales y, por otro lado, ha derribado varias barreras en el financiamiento de capital de trabajo.
El desafío tecnológico ha sido enorme, pero está produciendo importantes eficiencias operacionales en cada uno de los actores que participan directa e indirectamente de la facturación electrónica.
No obstante, está evolución tecnológica trae consigo otro tipo de desafíos y riesgos, sobre todo para los pagadores. Dado que se ha vuelto bastante más sencillo transar las facturas, implicando un aumento explosivo en el número de entidades financieras que financian proveedores, el pagador ahora se ve enfrentado al riesgo de pagar mal.
La factura puede cambiar de mano varias veces antes de ser pagada, siendo el último tenedor el acreedor legal del crédito y el pagador el responsable de informarse oportunamente.
El dicho ‘el que paga mal, paga dos veces’, aplica en toda su expresión bajo el marco jurídico actual, aumentando el riesgo operacional en las áreas de pago a proveedores, sobre todo de las grandes compañías.
Recientemente, me encontré con el caso de un gran pagador de la minería que nos señalaba que además de tener que administrar las facturas para su gran base de proveedores, ahora debía estar muy atento a los más de 60 factorings que aparecían como beneficiarios de pago, desde la bolsa y bancos, hasta entidades desconocidas.
Este ejemplo muestra, por un lado, el aumento en el acceso de las pymes a herramientas de financiamiento, pero también como se ha incrementado la complejidad a la hora de pagar.
La Bolsa de Productos, como la entidad más regulada en Chile en materia de validación y transacción de facturas, ha podido observar de cerca esta evolución en el comportamiento de proveedores, pagadores, corredores y factorings.
En este contexto, la Bolsa ha debido adaptarse a los tiempos, cambiando y reforzando sus procesos internos a través de la construcción de sistemas automáticos de validación antes de ingresar a la rueda bursátil.
Estos sistemas no sólo analizan la integridad de los archivos electrónicos a ser negociados, sino que también se conectan con las demás entidades oficiales de validación, como es el caso del Servicio de Impuestos Internos.
Esta experiencia regulatoria, junto con un alto grado de especialización en administración de facturas electrónicas y sistemas afines, ha posicionado a la Bolsa de Productos como un referente en el mercado, tanto para el sector público como para el sector privado.
En definitiva, el pagador ya no sólo debe preocuparse de pagar en tiempo y forma a sus proveedores, sino que además necesita dedicar mayores esfuerzos a interactuar con agentes financieros, y reforzar sus procesos de verificación y aprobación de facturas antes de ser pagadas.
En esta línea, la Bolsa ha comenzado a integrarse con grandes pagadores con el fin de proveerles mayor control y trazabilidad en sus facturas por pagar, habilitando de paso el acceso de sus proveedores a un mercado altamente competitivo y transparente en términos de financiamiento.
Estas integraciones van desde el diseño y construcción de portales de pago hasta protocolos de confirmación para el financiamiento de proveedores. Sin perjuicio de esta mayor complejidad, estamos convencidos de que estos avances tecnológicos traerán un mayor bienestar y equilibrio en las relaciones entre proveedores y clientes.