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La Ley 20.797 cuenta con reglamento vigente desde septiembre de 2016 y pretende fomentar las operaciones de compra y venta del agro e incentivar el mercado de futuros. Sin embargo, falta la plataforma web para los registros, que solo estaría disponible a partir del segundo semestre.
Por PALOMA DIAZ ABÁZOL
Fuente: El Mercurio
La agricultura contratos siempre ha sido un tema en Chile. La desconfianza ha hecho que los productores, en general, sean reticentes a firmarlos y aún firmados, ante una mejor oferta, los documentos no se respetan. Fue con la idea de incentivar la agricultura de contratos que en 2013 se presentó un proyecto de ley para crear un registro voluntario de contratos agrícolas, pues permitiría dar mayor certeza jurídica y de cumplimiento.
La iniciativa, que se aprobó como la Ley 20.797, establece que se trata de un registro electrónico público voluntario, único y nacional, que garantiza la entrega de los volúmenes pactados y contempla sanciones y efectos en caso de no cumplirse. El reglamento que define cómo operará entró en vigencia en septiembre de 2016 y establece que para que opere se requiere de una plataforma electrónica. Pese a que el registro significaría beneficios como mejorar el acceso al financiamiento para los productores y dar más transparencia a los mercados, la plataforma aun no está.
Desde el Ministerio de Economía, encargado de implementarla, afirman que se está elaborando la resolución que aprueba las bases para la licitación o compra de la plataforma. “Para conseguir el financiamiento de este nuevo proceso de compra, la Subsecretaría ha realizado las acciones necesarias para dar curso a una reformulación de su presupuesto 2017 y, si bien ha existido un pequeño retraso respecto de la implementación del registro, esperamos tenerlo disponible durante el segundo semestre”, explican.
En el sector aseguran que la existencia de esta ley es un paso positivo para la transparencia, aunque requiere de una campaña de difusión en el agro, especialmente para incentivar a los rubros que hoy no utilizan masivamente los contratos para que los incorporen.
“Creo que, con la existencia de esta ley, en el corto o mediano plazo podríamos ver la entrada e algún tipo de futuro de contratos a nivel de cultivos como el trigo y el maíz, que se siembran en forma generalizada en el país”, proyecta el presidente de la Agrícola Central del Maule, Fernando Medina.
Acceso al financiamiento
Según los especialistas, el mayor impacto del registro es que facilitaría el acceso a financiamiento de los productores.
“Lo que se espera es que se puedan generar mayores incentivos al financiamiento de las actividades productivas, porque este mecanismo fomenta y estimula la agricultura de contratos, favorece los intereses de los involucrados, garantiza que se respeten los acuerdos e incentiva el cumplimiento de ellos, lo que aumenta la certeza jurídica a las relaciones comerciales”, asegura el asesor del Ministerio de Agricultura Ramiro Sanhueza.
Si bien en algunos cultivos, como la remolacha, raps, achicoria y avena ya están incorporados masivamente los contratos, contar con un registro público también aporta al desincentivar la intromisión de terceros, ya que se protege la primera compra y venta.
“Si un tercero quiere comprar un producto que está sujeto a un contrato de venta y que está registrado, va a tener que responder por los perjuicios en forma solidaria con el vendedor”, afirma el abogado Matías Araya.
Para Fernando Medina lo más interesante -y que podría marcar una diferencia respecto de la situación actual- es que con la nueva ley pueden entrar con la modalidad de agricultura de contratos cultivos que hoy no los tienen.
“Sería interesante que la industria esté dispuesta a financiar, por ejemplo, un tipo específico de siembra de maíz, como uno de grano, para consumo humano o alguno específico para una etapa de crecimiento de los animales, con el compromiso de vendérselo a ellos, cuando el valor sea el de mercado”, plantea Medina.
Se indica que también se estimularía el crecimiento de una agricultura de especialidades, lo que ampliaría el abanico de cultivos y los ingresos de los productores.
“Deben entrar nuevas industrias a jugar algún papel, como los molinos, para que demanden un cierto tipo de trigo para algo específico, mediante contratos”, añade Fernando Medina, y sugiere que eso vaya de la mano con el avance de la ley de contramuestra, incorporando nuevos productos.
El gerente de la Bolsa de Productos, Christopher Bosler, cree que la ley también puede incentivar que los corredores de bolsa participen más activamente en la transacción de productos agrícolas, tanto en el mercado spot como en el de futuros, lo que actualmente solo se da con el ganado bovino.
“Puede ser un incentivo, debido a que existe más certeza respecto a la provisión del producto subyacente por parte del vendedor. Dado que el corredor de bolsa es responsable legal de la entrega de los bienes que vende, es crucial que este tipo de intermediarios cuente con la suficiente seguridad en cuanto a la existencia de esos bienes, sobre todo en las operaciones de futuro”, explica.
Falta difusión
La ley busca, además, promover las relaciones de largo plazo entre los agricultores y el resto de la cadena, para dar más competitividad al sector con un modelo donde todas las partes se beneficien.
Por eso, el secretario general de la SNA, Juan Pablo Matte, cree que no solo son importantes los contratos, sino que también el flujo de información y la confianza. “La industria tiene que entregarle información al agricultor sobre qué demanda el mercado y el agricultor debe decirles qué es capaz de producir, en qué momento y condiciones. Esa relación de win-win es la que se debe buscar”, plantea. Está convencido de que en la medida que se vean los beneficios, el uso del registro de contratos va a crecer.
Un punto débil es la escasa difusión que ha tenido en el sector agrícola. Incluso en algunos gremios no conocen en detalle de qué se trata.
“Hay una desinformación enorme, porque no hay nadie que esté impulsando la ley, y los liderazgos son clave detrás de estas cosas. Ella es importante porque va a ser la base para mejorar el acceso de los productores a tecnologías, financiamiento y a la transparencia”, afirma Matías Araya.
Desde el Ministerio de Agricultura, Ramiro Sanhueza dice que el contenido de la ley de registro de los contratos se expondrá en las mesas de los distintos rubros que coordina el Minagri y que una difusión mayor es un asunto que deben analizar en conjunto con Economía.
También se propone incentivar el uso del registro mediante otras vías. “Una alternativa es cruzar otra política pública, que tiene que ver con el uso de los seguros climáticos, donde el Estado podría pensar en condiciones más favorables para los agricultores que registren sus contratos. La postulación a subsidios de riego, abono o cobertura de precios también podría tener un mejor puntaje para quienes registren sus contratos”, propone Bosler.