Expertos anticipan que en el corto plazo la normativa que busca reducir los tiempos de pago de facturas no tendrá demasiado efecto, dadas las circunstancias actuales.
Un fuerte revés han sufrido las miles de pymes del país desde el último trimestre del 2019. Junto con los saqueos, destrozos e intermitencia en su normal funcionamiento tras el inicio de la crisis social, se les disparó el plazo en el que sus clientes les están pagando las facturas. En el cuarto trimestre del año pasado —que coincide con el inicio de las manifestaciones—, el plazo de pago a proveedores pymes alcanzó los 67 días promedio, superando el plazo de 60 días establecido por la reciente Ley de Pago Oportuno.
Un fuerte revés han sufrido las miles de pymes del país desde el último trimestre del 2019. Junto con los saqueos, destrozos e intermitencia en su normal funcionamiento tras el inicio de la crisis social, se les disparó el plazo en el que sus clientes les están pagando las facturas. En el cuarto trimestre del año pasado —que coincide con el inicio de las manifestaciones—, el plazo de pago a proveedores pymes alcanzó los 67 días promedio, superando el plazo de 60 días establecido por la reciente Ley de Pago Oportuno.
Así lo reveló el último reporte del Ranking de Pagadores, elaborado de forma trimestral por la Bolsa de Productos y la Asociación de Emprendedores (Asech). De esta manera, el pago a pymes aumentó en 14 días en comparación con el cuarto trimestre del 2018 y ocho días respecto del trimestre anterior. A nivel general, considerando todas las transacciones durante el período (para grandes empresas y pymes), el plazo promedio fue de 68 días, medido como la diferencia entre la fecha de emisión y el pago real de la factura. La nueva Ley de Pago Oportuno busca reducir los tiempos de pagos de las facturas a los proveedores.Originalmente contempló un plazo máximo transitorio de 60 días, el que está vigente en la actualidad. Según la ley aprobada, este plazo se reduciría a 30 días a contar del 2021. No obstante, luego de una modificación legal realizada tras el inicio de la crisis social —para apoyar a las pymes— el Gobierno adelantó esta fecha, y a contar de los primeros días de abril de este año, el pago a proveedores deberá ser como máximo en 30 días. Para el gerente general de la Bolsa de Productos, Christopher Bosler, el hecho de que el pago a proveedores supere el límite legal tiene una alta correlación con el impacto que provocó el estallido social y de desorden público que afectó a muchos negocios. ‘La incertidumbre, problemas logísticos y de seguridad pública, sin duda, afectaron la liquidez de la empresas’, sostiene el ejecutivo. Y agrega: ‘Es la razón más evidente para dar explicación a este fenómeno que impactó fuertemente al alza los plazos de pago’.
Bosler anticipa que en el corto plazo la ley no tendrá demasiado efecto dadas las circunstancias. La directora ejecutiva de la Asech, Soledad Ovando, confiesa que para el gremio este resultado del cuarto trimestre es preocupante, porque, además, el plazo ya venía subiendo en las mediciones anteriores. ‘Entendemos que, en una primera instancia, el estudio reflejó un incremento, ya que la ley permitía pagar a 60 días’, comenta. No obstante, agrega que el estallido social también ha tenido un impacto importante. ‘Lo crítico es que hoy son miles las pymes afectadas y que no están en condiciones de ver disminuida, aún más, su caja, pues tienen sueldos que pagar y compromisos con otros proveedores’, sostiene Ovando. Los mejores pagadores durante el período fueron la Compañía Minera del Pacífico (sector minero), Agrícola Super (Alimentos) y Cementos Bío Bío del Sur (Industrial).
Multas por superar el límite
La Ley de Pago Oportuno considera sanciones económicas para las empresas que superen el límite máximo que se estable por ley. El ministro de Economía, Lucas Palacios, explica que la normativa establece el pago de intereses y multas para aquellos casos que, no estando inscritos en el registro (ver recuadro), paguen en plazos superiores al legal.
Agrega que el comprador o beneficiario del producto o servicio que esté en incumplimiento del plazo deberá pagar una comisión fija equivalente al 1% del saldo insoluto adeudado. Soledad Ovando explica que ejercer las acciones para poder cobrar los intereses es un tema complejo que no necesariamente es tan expedito. ‘Aquí la idea no era llegar a eso. Esto no es solo legal, sino que también es cultural’, dice. Agrega que en la práctica se esperaría que estas multas fueran disuasivas y se pagara en los plazo establecidos. ‘A nadie le gusta ser multado. Pero parece que no es tan persuasiva y por eso están estos resultados’, subraya.
Bosler anticipa que en el corto plazo la ley no tendrá demasiado efecto dadas las circunstancias. La directora ejecutiva de la Asech, Soledad Ovando, confiesa que para el gremio este resultado del cuarto trimestre es preocupante, porque, además, el plazo ya venía subiendo en las mediciones anteriores. ‘Entendemos que, en una primera instancia, el estudio reflejó un incremento, ya que la ley permitía pagar a 60 días’, comenta. No obstante, agrega que el estallido social también ha tenido un impacto importante. ‘Lo crítico es que hoy son miles las pymes afectadas y que no están en condiciones de ver disminuida, aún más, su caja, pues tienen sueldos que pagar y compromisos con otros proveedores’, sostiene Ovando. Los mejores pagadores durante el período fueron la Compañía Minera del Pacífico (sector minero), Agrícola Super (Alimentos) y Cementos Bío Bío del Sur (Industrial).
Multas por superar el límite
La Ley de Pago Oportuno considera sanciones económicas para las empresas que superen el límite máximo que se estable por ley. El ministro de Economía, Lucas Palacios, explica que la normativa establece el pago de intereses y multas para aquellos casos que, no estando inscritos en el registro (ver recuadro), paguen en plazos superiores al legal.
Agrega que el comprador o beneficiario del producto o servicio que esté en incumplimiento del plazo deberá pagar una comisión fija equivalente al 1% del saldo insoluto adeudado. Soledad Ovando explica que ejercer las acciones para poder cobrar los intereses es un tema complejo que no necesariamente es tan expedito. ‘Aquí la idea no era llegar a eso. Esto no es solo legal, sino que también es cultural’, dice. Agrega que en la práctica se esperaría que estas multas fueran disuasivas y se pagara en los plazo establecidos. ‘A nadie le gusta ser multado. Pero parece que no es tan persuasiva y por eso están estos resultados’, subraya.
Gobierno ingresó proyecto para corregir los acuerdos que superen plazo límite del pago
A inicios de esta semana, el Gobierno ingresó una nueva modificación legal a la ley de pago a 30 días, que busca perfeccionar el mecanismo que permite que acreedor y proveedor puedan pactar plazos de pagos más allá del límite legal.
El ministro de Economía, Lucas Palacios, explica que durante la discusión de la ley corta para agilizar el pago a 30 días, se comprometió a revisar el funcionamiento del registro de acuerdos con plazo excepcional de pago, con el fin de evitar aprovechamientos de empresa con posición dominante. ‘Al revisarlos, advertimos que hay un tipo de acuerdos (comprador-empresa grande con vendedor-pyme), que corresponden al 11% de los acuerdos inscritos, en los cuales podría darse un perjuicio a la pyme por desigualdad en el poder de negociación’, explica Palacios. Advierte que lo que se quiere evitar con este proyecto de ley es un posible abuso a las pymes.
‘Por lo anterior, se establece como regla general la prohibición en este tipo de acuerdos de las estipulaciones con plazos de pago superiores a 30 días’, señala. Y explica que solo se permitirá que se registren aquellos acuerdos en que el plazo mayor de pago sea en beneficio de las pymes vendedoras o en aquellos casos en que la naturaleza del servicio lo justifique (como servicios que se entregan por parcialidades, por ejemplo).
A inicios de esta semana, el Gobierno ingresó una nueva modificación legal a la ley de pago a 30 días, que busca perfeccionar el mecanismo que permite que acreedor y proveedor puedan pactar plazos de pagos más allá del límite legal.
El ministro de Economía, Lucas Palacios, explica que durante la discusión de la ley corta para agilizar el pago a 30 días, se comprometió a revisar el funcionamiento del registro de acuerdos con plazo excepcional de pago, con el fin de evitar aprovechamientos de empresa con posición dominante. ‘Al revisarlos, advertimos que hay un tipo de acuerdos (comprador-empresa grande con vendedor-pyme), que corresponden al 11% de los acuerdos inscritos, en los cuales podría darse un perjuicio a la pyme por desigualdad en el poder de negociación’, explica Palacios. Advierte que lo que se quiere evitar con este proyecto de ley es un posible abuso a las pymes.
‘Por lo anterior, se establece como regla general la prohibición en este tipo de acuerdos de las estipulaciones con plazos de pago superiores a 30 días’, señala. Y explica que solo se permitirá que se registren aquellos acuerdos en que el plazo mayor de pago sea en beneficio de las pymes vendedoras o en aquellos casos en que la naturaleza del servicio lo justifique (como servicios que se entregan por parcialidades, por ejemplo).
Fuente: El Mercurio
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