Nuestra actual ley de bancos se elaboró a la sombra de la tremenda crisis del 82-84. La idea fue crear una banca sólida, responsable y conservadora. Y con el tiempo, aquel objetivo del entonces ministro de Hacienda Hernán Büchi se ha cumplido a cabalidad. Sin embargo, esas regulaciones tan estrictas dejaron una banca competente para atender empresas grandes y medianas. Y a personas de buenos ingresos. Pero dejó fuera al gran mundo de las pequeñas empresas, y al de personas de menos ingresos. Atenderlos significan fuertes provisiones, y obligan a los clientes comerciales más modestos a tener que dar cumplimiento a exigencias de información y garantías que en la práctica les resultan imposibles de cumplir.
Los reclamos de las Pymes respecto de la banca son los mismos, desde hace décadas.
Y como el agua llega siempre al mar, las necesidades de las Pymes fueron atendidas por la creciente industria del factoring, mientras que las casas comerciales se hicieron cargo de las personas de menores ingresos (hoy cada chileno adulto tiene en promedio no menos de tres tarjetas comerciales).
Las Pymes descuentan facturas de pagadores grandes de los cuales ellas son proveedores. Y el sistema se ha sofisticado: la factura ahora tiene mérito ejecutivo. Al ser electrónica, está custodiada y es 100% trazable por el SII, en forma desmaterializada. También se pueden transar en la Bolsa de Productos, en un ambiente competitivo y transparente. La industria del factoring hoy representa más del 20% del volumen total de préstamos de la banca a empresas medianas. Y cada año se emiten facturas por un volumen muy sustancial. Hasta aquí todo bien, pero vino el estallido, y luego el virus, y los financistas de facturas -fondos de inversión, family offices y emisiones de papel comercial- se secaron en forma abrupta: gran parte de ese financiamiento se evaporó. Y para destrancarse se encuentra con “lomos de toro” no menores.
Es así como los bancos no pueden comprar facturas a empresas de factoring ni en la Bolsa de Productos: una norma antigua de la ex Superintendencia de Bancos (hoy Comisión del Mercado Financiero) se los impide. Los seguros Fogape/Fogain son de cobro complejo, dirigidos sobre todo a la banca, que además los ha usado tradicionalmente para asegurar sus peores “cachos”. Es un error tenerles mucha fe, y pensar que la solución pasa por ahí.
Sigamos. Los fondos de pensiones están impedidos de entrar al mercado de facturas; mientras éstas no sean aceptada por la Superintendencia de Pensiones derechamente, como instrumento de renta fija (no renta fija “alternativa”, que es muy limitante), los fondos de pensiones no podrán comprar facturas “prime” en forma directa, a través de la Bolsa de Productos, o indirectamente vía fondos especializados.
Por último, y no menos importante, el Banco Central debería poder comprar facturas del sector público que hoy se financian con proveedores (municipalidades, ministerios y empresas del Estado) que constituyen una deuda pública secreta, gratuita y de gran tamaño.
Por César Barros, economista y presidente de la Bolsa de Productos
Latercera.com
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