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Por: B.Sifón / M.Leiva
Fuente: Pulso
Desde la industria advierten que con el proyecto original, las pymes con operaciones bajo los $3 millones quedarían excluidas para este tipo de financiamiento.
Aumentar la fiscalización al mercado del factoring es el objetivo que hoy tienen en mente los diputados de la comisión de Hacienda. El tema, fue puesto en tabla a comienzos de año por el diputado DC Fuad Chahín junto a otros 10 parlamentarios, tras ingresas un proyecto que transformaba al factoring en operaciones de crédito.
El hecho no dejó indiferente a nadie y las alarmas se encendieron tanto en el sector privado como en el público.
Precisamente por eso, ayer, en la comisión del ramo, el ministro de Economía, Luis Felipe Cespedes, comprometió la creación de una mesa tripartita en la que participará el Ejecutivo, las pymes y la industria del factoring para presentar en un plazo de 45 días una propuesta alternativa. Desde la vereda del Ejecutivo, aún no hay certeza de si será el ministerio de Economía o el de Hacienda el que participará en la instancia.
Una de las principales razones para pedir más transparencia a la industria es la participación del retail en el factoring. De hecho, el gerente general de la Bolsa de Productos, Christopher Bosler aplaude el hecho de que le entreguen mayor transparencia a la industria: “como Bolsa de Productos nos interesa que se aumente la regulación, porque en el país somos la entidad más regulada en este ámbito y de alguna manera esto permite nivelar la cancha en exigencias regulatorias al mercado”.
Así, pese a que existe consenso en la necesidad de mayor transparencia, los alcances que podía tener la iniciativa presentada ponía en riesgo a las pymes que son parte del mercado, especialmente aquellas que realizan factoring en operaciones por debajo de los $3 millones a raíz de la aplicación de la Tasa Máxima Convencional a estas operaciones.
“No me parece que sea un buen proyecto, básicamente porque no le beneficia a las principales empresas que utilizan el factoring que son las pymes”, destaca Ignacio Prado, presidente de la Asociación Chilena de factoring (Achef).
Prado asegura que el daño a las pymes sería significativo, transformando la desbancarización en la desfactorización: “Con la implementación de la TMC hay cerca de 200 mil personas naturales y empresas que salieron del sistema. Entonces, si a esos clientes que hoy no los están atendiendo los bancos, posteriormente no los van a atender los factoring, entonces ¿quién los va a atender?”.
La visión es compartida por el gerente general de la Bolsa de Productos. “Consideramos que el proyecto puede considerar un riesgo en términos de aumentar los costos a las pymes y va a generar una limitación al acceso al mercado al aplicar la TMC a las operaciones de menor tamaño”, destaca Bosler.
En la Achef, que opera con cerca de 17 mil clientes, pese a que no han estimado cuántas empresas podrían quedar fuera de estas operaciones, sí asegura que probablemente sean aquellas compañías con transacciones de “montos menores, porque no se justifican los costos para las empresas de factoring al aplicar la TMC”. Así, detalla que “probablemente se trataría de operaciones bajo los $3 millones”.
Impuesto a timbres y estampillas
Tanto la industria como el gobierno e incluso el Sernac alertaron que la indicación inicial se traduciría en que el factoring estaría gravado por el impuesto de timbres y estampillas.
“Tenemos una alternativa que puede generar potenciales mayores costos si una operacion de factoring pasa a ser considerada operación de crédito, dicha operación tiene que estar afecto al impuesto de timbre y estampilla”, destacó Cespedes.
Precisamente para evitar ese impuesto es que los diputados presentaron una indicación al proyecto y así excluir al factoring del impuesto.